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 Las papeleras no contaminarán“Aparentemente por error, la Corporación Financiera Internacional (CFI), dependiente del Banco Mundial (BM), publicó en su página web una versión preliminar de la evaluación sobre el impacto ambiental de las plantas de celulosa, que resultó muy favorable a su instalación. Para la consultora canadiense Ecometrix, las pasteras, centro de un conflicto bilateral que se ha extendido, no contaminarán.”“Los puntos más importantes que se desprenden de este informe...es que las emisiones de las plantas de celulosa no tendrán efectos perjudiciales en la calidad del agua en ninguna de las dos costas; que la calidad del aire no afectará a la salud humana (aunque no soslaya que algunos días, no más de 10 por año, según indica, pueda haber algo de olor en las zonas aledañas) y que la playa entrerriana de Ñandubaysal, el punto argentino más cercano a Botnia, no sufrirá cambios en el aire.”(Clarín, 10-10-06) Superpoderes“Hay superpoderes y superpoderes ocultos. Ambos se cruzan en el Presupuesto Nacional, bajo un denominador común: el manejo discrecional de recursos.Legitimados por el Congreso -más concretamente, por la mayoría oficialista-, los superpoderes generales le permiten al jefe de Gabinete engrosar unos gastos y achicar otros. Esto es, alterar lo que se establece en la ley, a través de simples decisiones administrativas. Será desde este año y para siempre.Los superpoderes ocultos también involucran gastos, pero con un destino que aparece muy difuso. Según el Presupuesto 2007, en esta categoría entran 15.482 millones de pesos, que equivalen a 5.000 millones de dólares o a seis presupuestos completos del Ministerio de Salud. Corresponden a la llamada Jurisdicción 91, que hasta hace poco dependía de Economía y hoy maneja la Jefatura de Gabinete, y a los fondos fiduciarios, en su mayoría controlados por el Ministerio de Planificación.De ambos suelen extraerse recursos para atender otras erogaciones, como ocurrió la semana pasada con el gas que la estatal Enarsa importa de Bolivia y los subsidios al transporte.Dentro de la Jurisdicción 91 hay $ 11.000 millones. Allí están previstos 6.300 millones para asistencia financiera a las provincias y asistencia financiera para gasto social provincial. Como se ve, dos conceptos lo suficientemente imprecisos como para permitirle a Alberto Fernández decidir cuánto distribuye entre unas y otras provincias y entre unos y otros municipios.“Un crecimiento también vertiginoso han registrado los recursos de los fondos fiduciarios...En el Presupuesto 2007 tienen asignados $ 4.852 millones. Y sólo se consignan, otra vez, ítems muy generales sobre los destinos de esa plata.”(Clarín, 10-10-06) Procesamiento por el megacanje “El ex presidente Fernando de la Rúa sumó ayer su segundo procesamiento por un hecho de corrupción: el juez federal Jorge Ballestero lo encontró responsable del delito de defraudación al Estado por la realización del megacanje, como se llamó a la refinanciación de la deuda pública concretada entre mayo y junio de 2001.Por el mismo hecho, el magistrado procesó también al ex ministro de Economía Domingo Cavallo, al ex secretario de Finanzas Daniel Marx y al secretario de Hacienda Jorge Baldrich.”“En su resolución, el magistrado sostuvo que el megacanje produjo un gran perjuicio para la Argentina, que se realizó con el propósito de posibilitar el cobro de comisiones y que fue llevado adelante a sabiendas de que generaría un perjuicio para las arcas públicas.”La operación consistió en la postergación hasta después de 2005 de vencimientos de la deuda pública por 12.799 millones de dólares, lo que significó un incremento de 55.405 millones de dólares en pagos por cancelar entre 2006 y 2031. Se concretó unos meses antes de que el país se declarara en cesación de pagos.El magistrado afirmó que no se trata de revisar una decisión de política económica, como pretenden las defensas [de los acusados], sino de develar la existencia de un grave caso de corrupción”.“Entre otras cosas, el juez dijo que, según la ley de administración financiera, las refinanciaciones debían implicar un mejoramiento de la operación original; que no se había cumplido con el requisito de incluir el aumento de la deuda en la ley de presupuesto; que no se había pedido el dictamen previo del Banco Central, y que ni siquiera se había cumplido el objetivo del decreto que dio lugar al canje.La resolución del magistrado se basó en un dictamen del fiscal Federico Delgado, que, a su vez, había fundamentado su planteo en un peritaje realizado por Alfredo Eric Calcagno, Eduardo Conesa, Eduardo Melinsky y Jorge Schvarzer. De acuerdo con ese estudio, el megacanje fue un intento inviable de comprar tiempo para evitar la caída de la convertibilidad entre el peso y el dólar, que habían impuesto Carlos Menem y el propio Cavallo en 1991.El magistrado también puso el foco sobre las comisiones por 150 millones de pesos que recibieron los principales colocadores de la operación. Citando el informe de los peritos oficiales, el juez dijo que la operación se realizó con el propósito de posibilitar el cobro de las comisiones, lo cual se ve ratificado con el canje de noviembre del mismo año que implicó la reestructuración unilateral de la deuda sin el pago de las mismas”.(La Nación, 29-9-06)  
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