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 La pobreza en Córdoba 

Objetivo

“Uno de los objetivos del milenio establece que la pobreza extrema debe reducirse a la mitad entre 1990 y 2015. Un balance recientemente difundido por la CEPAL indica que algunos países latinoamericanos ya cumplieron con esta meta (Chile y Brasil) y otros tienen altas probabilidades de hacerlo en el plazo previsto (Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Perú y Colombia).” 

Córdoba: ejemplo de mala distribución de recursos

“Según las últimas estimaciones de la CEPAL, Argentina se ubica en el grupo de países que tienen alta probabilidad de no cumplir con la meta de reducción de pobreza comprometida en los objetivos del milenio. No se trata de un problema originado en la insuficiencia de recursos sino en malas prácticas de gestión. Prueba de ello es que si el gasto asistencial llegara a las familias más humildes, ningún hogar de la ciudad de Córdoba debería tener ingresos inferiores a la línea de pobreza.

Tomando en cuenta las partidas que se están definiendo para los presupuestos 2007 en relación con la cantidad de hogares pobres de la ciudad, que surge de los datos del INDEC, se observa que por cada hogar pobre de la ciudad de Córdoba, el Estado gasta unos 501 pesos, según un informe elaborado por la filial local del instituto de investigaciones económicas IDESA. [Nación: $ 286, Provincia: $ 192, Municipio: $ 23]”

“Aunque se trata de datos aproximados, son suficientes para poner en evidencia que la sociedad argentina hace un esfuerzo muy importante para financiar una red extensa de protección asistencial, recursos que son administrados por varias agencias del Estado pertenecientes a los tres niveles de gobiernos a través de varias decenas de programas. Sin embargo, los esfuerzos no son suficientes para que dichos hogares superen la línea de pobreza debido a la ineficiencia en la asignación de los recursos oficiales para asistencia social.

La pésima administración del Estado en lo que respecta a la distribución de la ayuda social queda en evidencia. Según la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, en las ciudades de Córdoba y Río Cuarto la línea de pobreza promedio se ubica -en el primer semestre de 2006- en los 891 pesos (es decir, los ingresos que se necesitan en una familia tipo para cubrir la canasta básica). Estos hogares pobres generan ingresos por 435 pesos sin considerar las transferencias monetarias que estos hogares reciben actualmente como ayuda asistencial (por ejemplo, los fondos recibidos a través de los Planes Jefes y Jefas de Hogar). Esto implica que por cada hogar pobre se necesitarían unos 456 para erradicar la pobreza en toda la provincia.

Dado que el gasto asistencial es de unos 501 pesos por hogar, alcanzaría con que estos recursos fueran efectivamente percibidos por las familias de más bajos ingresos para que automáticamente desapareciera la pobreza en la provincia. Los datos agregados desnudan niveles de eficacia extremadamente bajos en el manejo de la política asistencial. Aunque la escasa información que suministra el sector público dificulta determinar con precisión los factores que originan la ineficacia, es evidente que apelar a numerosos programas ejecutados por una gran cantidad de agencias contribuye a la discrecionalidad y la burocratización.

El hecho de que una elevada proporción del gasto asistencial se destine al pago de salarios (el caso más notorio se da en la Municipalidad de Córdoba, donde casi el 75 por ciento de los fondos corresponden a gastos en personal) da indicios de que muchos recursos se diluyen en administración y poco es lo que llega a los beneficiarios. Eliminar la pobreza en la provincia de Córdoba no es una meta demagógica sino una posibilidad cierta.

Según el informe del instituto que dirige el economista Osvaldo Giordano la clave pasa por un ordenamiento en la organización del sector público. Para ello, los economistas de INDESA proponen que ante una situación caracterizada por muchos programas -la mayoría superpuestos, centralizados y deficientemente administrados- sería conveniente migrar hacia un único mecanismo de cobertura universal que brinde protección integral a los hogares carenciados de manera directa y sin la mediación de los punteros políticos. Sería muy recomendable delegar la gestión a los gobiernos locales pero garantizando el financiamiento y con una fuerte supervisión y medición de resultados a cargo de las jurisdicciones provinciales y nacionales.

Por otra parte, el informe advierte sobre los costos que implica seguir demorando este tipo de transformaciones, como implícitamente está establecido en los presupuestos de las tres jurisdicciones para el año 2007.”

(La Mañana de Córdoba, 16-12-06, p. 7) 

[DP, 104] 

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