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Situación de la Argentina

Situación de la Argentina

 No existe una política de drogas 

“Según el Primer Estudio Comparativo sobre Uso de Drogas en Estudiantes Secundarios de Países Sudamericanos, realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y la Comisión Interamericana para el Control de Drogas, de la Organización de Estados Americanos, la Argentina es el país sudamericano con más alto consumo de cocaína entre estudiantes secundarios y el segundo por la pasta base.

Efectuado entre escolares de entre 13 y 17 años, el informe incluye datos de la Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Chile, que es el país de la región que más graves problemas tiene en ese sentido. El estudio midió la prevalencia de diferentes sustancias ilegales y encontró que el 2,5 por ciento de los estudiantes secundarios de nuestro país consumió cocaína al menos una vez durante el último año. Se trata de más o menos 85.000 adolescentes escolarizados.

Quedan en las sombras, por lo tanto, los jóvenes que están fuera del sistema educativo y que son quienes tienen mayor riesgo de sufrir adicciones. El Segundo Estudio Nacional sobre Consumo de sustancias Psicoactivas en Población Escolar de la Argentina, que reveló a 62.700 alumnos de colegios privados y públicos de todo el país, arrojó que el 3,5 por ciento de los estudiantes consumieron droga alguna vez en su vida, un aumento del 170 por ciento en apenas cuatro años.”

“Otra de esas conclusiones es la de que a mayor disponibilidad de drogas al alcance de los estudiantes, mayor es el consumo.”

..................

“Tales estrategias tampoco fueron incorporadas en su totalidad a la ley de educación. Las propuestas de la secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) sobre el tema de las adicciones quedaron reducidas a sólo un inciso, cuando lo recomendable hubiese sido contemplarlas e incluirlas, siguiendo la experiencia de otros países.

El último presupuesto votado para la Sedronar le asigna una partida de 18.400.000 pesos. Esta partida es a todas luces insuficiente para cubrir las necesidades de ese organismo. En cambio, Chile tiene un presupuesto de 18 millones de dólares; Brasil, de 46,2 millones de dólares; Bolivia, 23,2; Uruguay, 8,3; Perú, 6,8; Paraguay, 1,2; y Ecuador 13,1 millones de dólares.”(

La Nación, 9-1-07, Editorial) 

[DP 111]

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Situación de la Argentina

Pobreza 

“Así, una familia integrada por un matrimonio joven y dos hijos pequeños necesita, como mínimo, un ingreso de $ 414,49 para no caer en la indigencia, que se define como la falta de accesibilidad a los alimentos más básicos.A su vez, un hogar con esas características requiere de $ 899,44 para no vivir en la pobreza. Los datos fueron difundidos ayer por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).” 

(La Nación, 9-1-07)

Situación de la Argentina

Clientelismo político 

“Por primera vez, un funcionario del gobierno de Eduardo Duhalde irá a juicio oral por un caso de corrupción. Se trata de Alejandro Kech, director de Empleo de la Nación hasta el 25 de mayo de 2003, quien en la actualidad ocupa una banca de concejal en el partido de San Martín. La causa que se seguía en su contra en el Juzgado Federal Nº 1 de esa localidad por un supuesto caso de clientelismo político en el manejo del plan Jefes y Jefas de Hogar, el megaprograma de asistencia social lanzado por Duhalde en el peor momento de la crisis, fue elevada a juicio el año pasado.”

“Director de Empleo durante la gestión en el Ministerio de Trabajo de Graciela Camaño, Keck está acusado de anotar en el programa en forma ilegal a 12.088 vecinos de San Martín con el objetivo de juntar votos para una elección interna del PJ que iba a hacerse en esa localidad en 2003. El ex funcionario era precandidato a intendente, pero tras llegar a un acuerdo con otra línea interna del justicialismo aceptó integrar la lista de candidatos a concejales.”

“En el requerimiento de elevación de la causa a juicio, el fiscal de San Martín Jorge Sica describió en detalle la maniobra que se atribuye al ex director de Empleo, por la que está procesado como partícipe de defraudación contra la administración pública, un delito que prevé una pena de hasta seis años de cárcel. Según ese documento, Kech anotó a los beneficiarios luego de la fecha del cierre de inscripción del programa, el 17 de mayo de 2002, y directamente en el Ministerio de Trabajo, cuando la normativa del plan establecía que los municipios eran los únicos habilitados para inscribir a los aspirantes.”

Se careció de la transparencia necesaria en los actos de gobierno para evitar que la adjudicación de planes sociales se transformara en una herramienta de clientelismo político por parte de aquellos que pretenden obtener beneficios personales y réditos políticos, postergando las necesidades que padecen los sectores marginales, sostuvo el fiscal Sica”.

(La Nación, 8-1-07) 

[DP  110]

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Fuerzas Armadas

Jamás se vio en la historia del Ejército una burla como la de Néstor K  

Kirchner dictó ascensos burlándose de calificaciones y benefició sólo a los amigos del gobierno. Nunca en la historia del Ejército se registró un caso tan apabullante de burla a la opinión del plenario de generales (los más antiguos) y a la Junta de Calificaciones que, como es tradición, todos los años entregan un análisis y veredicto sobre los oficiales con posibilidades de ser ascendidos. Casi siempre, el comandante en jefe -léase Néstor Kirchner- o su representante más jerarquizado, en este caso, Roberto Bendini, junto con el titular de Defensa (hoy Nilda Garré), respetan esas instrucciones que no obedecen a favoritismos en la mayoría de los casos, sino a las condiciones que han demostrado los oficiales considerados en el ejercicio de la profesión. Para ello, estudian comportamientos, trabajo profesional, responsabilidad y luego determinan un orden de prelación para merecer la promoción.

Sin embargo, en este caso, el trío oficial actuó sin importarle el ceremonioso estudio de los altos oficiales, los cambió totalmente como jamás ocurrió en la Fuerza y, lo que parece aún más grave, el Senado de la Nación apenas si se tomó 48 horas para aprobar lo que decidió el gobierno sin interesarse en el pronunciamiento de la Junta de Calificaciones o el del plenario de Generales. Las calificaciones difundidas hoy por el diario ´Ambito Financiero´ fueron las siguientes:

(Nombre, Calificación según Plenario; según la Junta)

- Poggi, 1; 1

- Aparicio, 3; 2 (Ascendió como 3º)

- Miori Pereyra, 4; 3- González Deibe, 2; 4

- Castel, 5; 5 (Ascendió como 2º)

- Silvestre, 9; 6 (Ascendió como 4º)

- Lux, 7; 7 (Ascendió como 5º)

- Desmarás, 8; 8- Tartuzzi, 6; 9-

 Centeno, 11; 10- Tellado, 12; 11

- Terrado, 10; 12 (Ascendió como 6º)

- Onetto, 13; 13- Taura, 14; 14

-Taraj, 20; 15

- Cordero, 19; 16

- Gatti, 16; 17

- Benavídez, 17; 18

- González, 18; 19

- Martere, 21; 20

- Carlés, 22; 21

- Baquero, 15; 22 

Ninguno de los 22 oficiales analizados, por otra parte, reconocía antecedentes funestos -participación en la lucha contra la guerrilla, por ejemplo, o violación a los derechos humanos-; todos ya pasaron, en su momento, por el filtro primero del gobierno democrático de la Alianza y del Parlamento. Incluso, hasta contaban con un sello de garantía entregado por quien entonces era la secretaria de Seguridad del Estado, la señora Garré.

Del lote, sólo ascendieron siete, incluyendo en el trámite la promoción del último (Carlés), quien ni siquiera podía ser considerado debido a que sus antecedentes -no los mejores, claro- lo ubicaron en ese lugar. Pero su amistad repentina con la actual ministra, nacida en la Embajada de Venezuela -hombre de talento para la guitarra, es profesor de ese instrumento, que le permite ganar simpatías-, le permitió una trepada fulminante, irrespetuosa, vulneradora de criterios y estudios. Ni siquiera él imaginó ese fenómeno que no ocurrió, siquiera en Malvinas, para premiar a quienes tuvieron participaciones honrosas en batalla. Debe ser, entonces, Carlés más importante que un héroe de la lucha por las islas, sobre todo porque no le tocó combatir. 

Si esto no registra antecedentes en la fuerza, más singular todavía es la razón por la cual fueron suprimidos otros oficiales, justamente ubicados en los primeros lugares. Tal el caso de Miori Pereyra, tercero en la lista -quien se suponía, además, gozaba de la simpatía del jefe del Ejército, a quien consideraban "el gordo de Bendini"-, apartado porque a su padre le imputan actuaciones reñidas con los derechos humanos en un lejano pasado (justamente, el mismo a quien en los finales de los 70 se le endilgaba haber propiciado la formación de Montoneros, ya que a algunos de sus integrantes se los vinculaba a sectores nacionalistas del Ejército).

No alcanzó la discriminación con Miori: también le llegó a González Deibe, cuarto en la lista de ascensos, reprochado porque cuando fue un oficial más joven parece que demostró afinidad con los llamados carapintadas.

Hay otro que pena por haber estudiado en lugar prohibido: Desmarás estaba posicionado en el número 8 y fue descartado porque en su momento lo enviaron como alumno de la Escuela de las Américas -destino que le otorgó, por supuesto, un presidente constitucional-, ese instituto que según fuentes progresistas en USA sirvió para educar represores.

Y a otro que descalificaron, y figuraba noveno, fue a Catuzzi. Su pecado, ser hijo de un general que tiene causas pendientes por los derechos humanos (este cuadro basado en el castigo por lazos de sangre también se aplicó para postergar a "los hijos de" en grados inferiores).

Hay quienes suponen que Bendini procedió de esta manera para evitarse complicaciones futuras -cuando, sabe, la campaña electoral se teñirá este año por los ataques a las Fuerzas Armadas del pasado-, pero existen otros datos que también vale la pena observar y que delatan, además de animosidad, la participación del propio Kirchner en todo este proceso: fue promovido Alejandro Graham, edecán del mandatario, un teniente coronel que ni siquiera cursó ni se recibió como oficial del Estado Mayor del Ejército -etapa ineludible en la historia de los ascensos- y al cual, por esa razón, ni siquiera lo había tenido en cuenta la Junta de Calificaciones. 

Gentileza de www.nuevoencuentro.com

www.diario7.com.ar  05-Jan-2007   

Situación de la Argentina

 ¿El terrorismo no es un delito de lesa humanidad?

 “Poco antes de Navidad la jueza federal María Servini de Cubría le otorgó el sobreseimiento al periodista Horacio Verbitsky y a varios ex dirigentes montoneros en una causa donde fueron acusados de hacer volar el casino de la Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal. El hecho ocurrió el 2 de julio de 1976 y produjo la muerte de 21 personas, todas integrantes de esa fuerza de seguridad. Ese fue el atentado que más víctimas produjo, porque los explosivos estallaron cuando los policías se concentraban en el salón comedor para el almuerzo.

El fallo de Servini de Cubría estuvo guiado por un dictamen del fiscal Jorge Alvarez Berlanda, quien tiene experiencia en este tipo de casos porque en octubre de 1999 postuló la declaración de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad en el caso del asesinato del general del ejército chileno Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert; por ese crimen fue condenado a perpetua el ex agente de la DINA Arancibia Clavel. Ese fallo fue ratificado en 2004 por la Corte Suprema.Pero, en el estallido del edificio de la Policía Federal, Berlanda adoptó un criterio contrario a la teoría que antes firmó con su puño. Consideró que el artero ataque a la dependencia policial no podía catalogarse como delito de lesa humanidad, pues no cumplía con dos requisitos -a su entender- esenciales para esa identificación: 1) participación del Estado y 2) el Estado actuando fuera de los límites del control.

Además, esgrimió que el terrorismo nacional difería del terrorismo internacional, por lo menos en lo que sucedió en la década del 70 en la Argentina, ya que fue consecuencia de una realidad diferente: gobierno de facto, discontinuidad constitucional, violación sistemática de los derechos humanos.

En cambio, interpretó que el concepto de terrorismo internacional refiere a la idea de llevar la acción más allá de las fronteras y puede obedecer a causas diferentes. Por lo tanto, juzgó que no existe un presupuesto lógico que permita establecer la correspondencia entre actos de terrorismo y delitos de lesa humanidad.

El criterio de Berlanda-Servini de Cubría es un anticipo de la línea que adoptarán los jueces, fiscales y hasta la Corte Suprema cuando les toque fallar sobre expedientes que tengan como imputados a ex integrantes de las organizaciones guerrilleras como montoneros, algunos de los cuyos ex militantes integran el staff del gobierno de Néstor Kirchner. No es casual, entonces, que este fallo haya beneficiado no sólo a Verbitsky sino también a Mario Eduardo Firmenich, Marcelo Kurlat, Laura Sofovich, Miguel Lauletta, Norberto Habegger y Lila Victoria Pastoriza, en una docena de acusados en la que figuran, además, Rodolfo y Patricia Walsh.

La acción penal contra este grupo de encumbrados dirigentes setentistas la promovió Hugo Biazzo. El denunciante consideró que el atentado criminal contra la sede policial constituía, en principio, el delito de estrago con una pena prevista de 8 a 20 años de prisión. Y lo acompañó con una referencia a actos de terrorismo, lo que a su criterio transformaba la persecución penal del delito en conductas que violentaron a la humanidad. En la presentación Biazzo señaló como autor material del atentado a Juan Carlos Salgado, de quien dijo habría sido un infiltrado dirigido y controlado por Walsh y Verbitsky. Este Salgado -según la denuncia- tenía posibilidad de conseguir información por ser parte de la Policía Federal. Fue quien, sin despertar sospechas en la guardia del edificio, ingresó con la bomba, la activó y se retiró del lugar antes de que el aparato explosivo estallara, reseñó Biazzo.

La fiscalía reabrió la investigación y confirmó la existencia de Salgado. El supuesto infiltrado ingresó como policía el 2 de julio de 1974 y solicitó la baja el 1 de julio de 1976, un día antes del atentado. Salgado murió el 2 de julio de 1977, según el expediente judicial, víctima de un homicidio. Al examinar el caso, el fiscal Berlanda se pregunta si las conductas analizadas pueden configurar un acto de terrorismo y, segundo, si el mismo resulta ser alcanzado por la identificación de delito de lesa humanidad. En rigor se interroga si el ataque a la dependencia policial puede ser catalogado como crimen de lesa humanidad.

La respuesta es el meollo del asunto ya que la solución será distinta según sea afirmativa y negativa. Es en este punto, donde el fiscal toma como fallo rector, los pronunciamientos de la Corte Suprema en el caso del supuesto etarra Jesús Lariz Iriondo en el que declaró prescripta la acción penal y el de Arancibia Clavel -de su autoría y luego convalidado por los jueces supremos- considerado delito de lesa humanidad.Amparándose en la cita de las opiniones de los jueces supremos Eugenio Zaffaroni, Juan Carlos maqueda y Carlos Fayt, el fiscal Berlanda desiste de acusar a Verbytsky y sus consortes de causas por entender que:

-No se ha desarrollado una corriente de opinión que sirva para considerar el terrorismo como un crimen de lesa humanidad.

-No existe un desarrollo progresivo que permita concluir que todos y cada uno de los actos que a partir de tratados internacionales pasan a ser calificados como actos de terrorismo puedan reputarse, tan solo por esa circunstancia, delitos de lesa humanidad.

-Puede extractarse como corolario la inexistente asimilación, por vía de definición, entre el delito de terrorismo y el crimen de lesa humanidad.

Al contraponerlo con el asesinato de Prats, Berlanda enumera las condiciones que existieron para declararlo imprescriptible por ser un crimen contra la humanidad. Así reseña:

-Plan sistemático para la eliminación de personas con un pensamiento político diferente al del régimen.-

-Silencio y complicidad entre estos delitos y el Estado, producto de la necesidad de esconder crímenes tan horrendos para no suscitar la repulsa de la comunidad internacional.

Esta definición puede resultar altamente importante, si la Justicia federal, en este caso el Juez Norberto Oyarbide decide avanzar en la investigación contra los miembros de la Triple A, que podría alcanzar a María Estela Martínez de Perón.”(

(Ámbito Financiero, 4-1-07) 

[DP 108]

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Papeleras

La historia paralelaPeriodico Digital 

Lo ignorado en el caso de las papeleras

Publicado el 6 de Diciembre 2006 

El absurdo e inexplicable conflicto con el Uruguay ocasionado por la instalación de las papeleras me llevó, hace unos meses, a un cambio de opiniones con defensores de los cortes de la ruta hacia la frontera con nuestros vecinos, vaticinando entonces que el problema terminaría mal, con una enorme frustración para los asambleístas, a quienes, si bien les reconocía un proceder de buena fe, les atribuía un error gravísimo en cuanto a los procedimientos empleados que, objetivamente, constituían delitos de acción publica.  En aquella oportunidad, destaqué que habían sido instrumentados desaprensivamente con fines políticos y que tanto el gobierno provincial como el nacional, llegado el momento, les soltarían la mano.

Hoy, el vaticinio comenzó a cumplirse, siendo las diferencias entre la asamblea de Gualeguaychú y la de Colón marcadas en estos días por el intendente de esta última ciudad, el principio del fin. La información que del problema se ha dado durante meses a la opinión pública ha llevado a la creencia colectiva de que los pobladores de Gualeguaychú se encuentran asediados ante la perspectiva de sufrir la contaminación de sus aguas y que visualmente deberán soportar enormes construcciones, coronadas por una chimenea de 140 metros, llamando la atención que no se haya explicado que entre el casco urbano de Gualeguaychú y la cabecera del puente sobre el río Uruguay median varios kilómetros (el corte en Arroyo Verde se encuentra en el Km. 27 de la ruta hacia él), que se recorren por un camino que atraviesa campos, sin encontrar en todo su recorrido ninguna población, circunstancia que indica que los pobladores de dicha ciudad están muy lejos del lugar donde se construyen las la papeleras. 

Sus habitantes no viven sobre el río Uruguay, sino sobre el río Gualeguaychú, donde todavía se pueden apreciar las instalaciones portuarias utilizadas cuando el tráfico fluvial era el principal medio de comunicación de la ciudad, su espléndida costanera, balnearios y lugares de esparcimiento público de intenso uso. El punto que permite visualizar la fábrica es el balneario Ñandubaysal, sobre el río Uruguay, al cual se accede luego de recorrer aproximadamente 17 kilómetros de un camino que arranca en la periferia de Gualeguaychú para terminar en ese emprendimiento, a lo largo del cual no se atraviesa ninguna población.

Ñandubaysal no es un lugar público, sino un emprendimiento particular, cuyo propietario, legítimamente, encontró en él una rentabilidad como balneario muy superior a la que el campo al cual pertenece le brindaba. El lugar, sin duda, es muy lindo, pero la vista de la papelera en la costa oriental no tiene la importancia que se le adjudica para afectar su explotación; por ser privado, lógicamente, hay que pagar para entrar y usar las instalaciones. Entonces, ¿cuál es el interés público que se defiende? 

El Estatuto del Río Uruguay, en su artículo 7, establece que “la parte que proyecte la construcción de… o la realización de cualesquiera otras obras de entidad suficiente para afectar la navegación, el régimen del río o la calidad de sus aguas, deberá comunicarlo a la Comisión, la cual determinará sumariamente, y en un plazo máximo de treinta días, si el proyecto puede producir perjuicio sensible a la otra parte. Si así se resolviere o no se llegare a una decisión al respecto, la parte interesada deberá notificar el proyecto a la otra parte a través de la misma Comisión. En la notificación deberán figurar los aspectos esenciales de la obra y, si fuere el caso, el modo de su operación y los demás datos técnicos que permitan a la parte notificada hacer una evaluación del efecto probable que la obra ocasionará a la navegación, al régimen del río o a la calidad de sus aguas”.

 De lo expuesto resulta claro que lo único acordado en materia ambiental es el cuidado de la calidad del agua del río, por lo cual todo lo atinente a otro tipo de contaminación como la visual, últimamente esgrimida como argumento por las autoridades argentinas y asambleístas, está excluida en lo convenido entre los dos países. 

Cabe destacar que en la costa argentina, desde Ñandubaysal aguas abajo, no existe ninguna población, siendo terrenos vírgenes hasta la altura de la isla Martín García, mucho más allá de la confluencia del río Uruguay con el Paraná Guazú. En cambio, sobre la costa uruguaya, a partir de Fray Bentos, existen ciudades importantes como Nueva Palmira, Carmelo y Colonia que, al igual que aquélla, están sobre la costa del río Uruguay, teniendo numerosos balnearios, lugares públicos de recreación e instalaciones portuarias. Ante tal evidencia, ¿puede pensarse sensatamente que el gobierno uruguayo está dispuesto a autorizar el funcionamiento de una planta fabril desentendiéndose de los controles para evitar el peligro de la contaminación de las aguas que bebe y usa prácticamente con exclusividad su propio pueblo en beneficio de su salud y bienestar? 

Sin duda, en este asunto ha habido errores de ambas partes. Si la comunicación de las obras por parte del Uruguay no existió o fue insuficiente, ello no releva de responsabilidad ni confiere derechos a la Argentina, toda vez que, frente a sus narices, vio pasivamente crecer durante mucho tiempo obras respecto de las cuales no hizo nada para determinar si eran acordes al Estatuto del Río Uruguay en cuanto a la preservación de la calidad del agua del río. 

Ello indica que el camino razonable a seguir es el que lleve a ambos gobiernos a convenir un sistema de control de los efluentes de las papeleras que permita proteger los intereses ambientales comunes de quienes viven en ambas orillas. Esa tarea es propia y exclusiva de las autoridades de ambas naciones, quienes, sin más demora, deberían poner en marcha las negociaciones diplomáticas para lograr tal fin, debiendo los asambleístas poner fin a los actos de fuerza que, más allá de sus motivaciones y buena fe, son ilegales, a la par de constituir una grave ofensa a la democracia indirecta establecida por nuestro sistema constitucional.  

Fuente: LNP        Autor: Forencio Varela   

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 La pobreza en Córdoba 

Objetivo

“Uno de los objetivos del milenio establece que la pobreza extrema debe reducirse a la mitad entre 1990 y 2015. Un balance recientemente difundido por la CEPAL indica que algunos países latinoamericanos ya cumplieron con esta meta (Chile y Brasil) y otros tienen altas probabilidades de hacerlo en el plazo previsto (Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Perú y Colombia).” 

Córdoba: ejemplo de mala distribución de recursos

“Según las últimas estimaciones de la CEPAL, Argentina se ubica en el grupo de países que tienen alta probabilidad de no cumplir con la meta de reducción de pobreza comprometida en los objetivos del milenio. No se trata de un problema originado en la insuficiencia de recursos sino en malas prácticas de gestión. Prueba de ello es que si el gasto asistencial llegara a las familias más humildes, ningún hogar de la ciudad de Córdoba debería tener ingresos inferiores a la línea de pobreza.

Tomando en cuenta las partidas que se están definiendo para los presupuestos 2007 en relación con la cantidad de hogares pobres de la ciudad, que surge de los datos del INDEC, se observa que por cada hogar pobre de la ciudad de Córdoba, el Estado gasta unos 501 pesos, según un informe elaborado por la filial local del instituto de investigaciones económicas IDESA. [Nación: $ 286, Provincia: $ 192, Municipio: $ 23]”

“Aunque se trata de datos aproximados, son suficientes para poner en evidencia que la sociedad argentina hace un esfuerzo muy importante para financiar una red extensa de protección asistencial, recursos que son administrados por varias agencias del Estado pertenecientes a los tres niveles de gobiernos a través de varias decenas de programas. Sin embargo, los esfuerzos no son suficientes para que dichos hogares superen la línea de pobreza debido a la ineficiencia en la asignación de los recursos oficiales para asistencia social.

La pésima administración del Estado en lo que respecta a la distribución de la ayuda social queda en evidencia. Según la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, en las ciudades de Córdoba y Río Cuarto la línea de pobreza promedio se ubica -en el primer semestre de 2006- en los 891 pesos (es decir, los ingresos que se necesitan en una familia tipo para cubrir la canasta básica). Estos hogares pobres generan ingresos por 435 pesos sin considerar las transferencias monetarias que estos hogares reciben actualmente como ayuda asistencial (por ejemplo, los fondos recibidos a través de los Planes Jefes y Jefas de Hogar). Esto implica que por cada hogar pobre se necesitarían unos 456 para erradicar la pobreza en toda la provincia.

Dado que el gasto asistencial es de unos 501 pesos por hogar, alcanzaría con que estos recursos fueran efectivamente percibidos por las familias de más bajos ingresos para que automáticamente desapareciera la pobreza en la provincia. Los datos agregados desnudan niveles de eficacia extremadamente bajos en el manejo de la política asistencial. Aunque la escasa información que suministra el sector público dificulta determinar con precisión los factores que originan la ineficacia, es evidente que apelar a numerosos programas ejecutados por una gran cantidad de agencias contribuye a la discrecionalidad y la burocratización.

El hecho de que una elevada proporción del gasto asistencial se destine al pago de salarios (el caso más notorio se da en la Municipalidad de Córdoba, donde casi el 75 por ciento de los fondos corresponden a gastos en personal) da indicios de que muchos recursos se diluyen en administración y poco es lo que llega a los beneficiarios. Eliminar la pobreza en la provincia de Córdoba no es una meta demagógica sino una posibilidad cierta.

Según el informe del instituto que dirige el economista Osvaldo Giordano la clave pasa por un ordenamiento en la organización del sector público. Para ello, los economistas de INDESA proponen que ante una situación caracterizada por muchos programas -la mayoría superpuestos, centralizados y deficientemente administrados- sería conveniente migrar hacia un único mecanismo de cobertura universal que brinde protección integral a los hogares carenciados de manera directa y sin la mediación de los punteros políticos. Sería muy recomendable delegar la gestión a los gobiernos locales pero garantizando el financiamiento y con una fuerte supervisión y medición de resultados a cargo de las jurisdicciones provinciales y nacionales.

Por otra parte, el informe advierte sobre los costos que implica seguir demorando este tipo de transformaciones, como implícitamente está establecido en los presupuestos de las tres jurisdicciones para el año 2007.”

(La Mañana de Córdoba, 16-12-06, p. 7) 

[DP, 104] 

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 La seguridad, empobrecida

 “La decisión del gobierno nacional de hacer uso de los cuestionables superpoderes para reasignar partidas y efectuar quitas en los presupuestos de la Policía Federal y de la Gendarmería Nacional es tan sorprendente como insensata.

No se comprende la razón de tal determinación cuando, justamente, una honda y permanente sensación de inseguridad y amedrentamiento generalizados es la consecuencia inmediata del cotidiano e impune quehacer de la delincuencia, cada día que pasa más numerosa, organizada y feroz.Confirmada ya por su publicación en el Boletín Oficial, la medida dispone restarle 8.000.000 de pesos a la policía y 2.000.000 a la Gendarmería. Esas sumas han pasado a engrosar los recursos a disposición del superlativo Ministerio de Planificación Federal, que, a cargo de Julio De Vido, sigue acaparando atribuciones y poder.”

“Si se recuerda que el mes último una medida presupuestaria similar reasignó recursos, destinados a la construcción de cárceles, con el propósito de sustentar la subvención del gasoil utilizado por las empresas de transporte público utilizado por las empresas de transporte público de pasajeros, fácil es concluir que el gobierno nacional ha incurrido, por lo menos, en una preocupante falta de apreciación política y, pese a que pregona lo contrario, ha dado pruebas de escasa sensibilidad social.”(

La Nación, 30-11-06, Editorial) 

Bomba humana contra la papelera 

“Una abuela de 88 años residente en Gualeguaychú se habría ofrecido como bomba suicida para acabar con la planta que Botnia está construyendo. La noticia sería tomada habitualmente como algo poco serio y como una versión bastante alocada, a no ser porque fue publicada en el prestigioso The Washington Post y firmada por la periodista Marcela Sánchez, considerada una de las profesionales más serias y mejor informadas de la capital norteamericana, en lo que se refiere a América latina.

La firma de Sánchez, el medio y la justificación referida en la nota (una situación que se está saliendo de control) hacen que de una versión poco confiable la novedad se transforme en algo a tener en cuenta.La nota del diario estadounidense, fechada el 24 de noviembre pasado, indicó que la mujer y otros residentes de Gualeguaychú, Argentina, están enfurecidos por una papelera finlandesa que se está construyendo al otro lado del río Uruguay en la población de Fray Bentos.

"La columnista Marcela Sánchez indicó, desde Washington, que la ineptitud e irresponsabilidad política han alimentado esta psicosis social de Gualeguaychú. Funcionarios argentinos no han hecho nada para desalentar las perjudiciales protestas, usándolas en cambio para obtener ganancia política y elevando el conflicto al nivel de una crisis internacional, opinó Sánchez, quien, se sabe, tiene amplia disponibilidad de fuentes en el gobierno argentino y en el uruguayo, como para fundamentar sus notas.”

(Ámbito Financiero, 1-12-06)

 [DP, 100]

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